Como consultor en políticas públicas, me he percatado de que no todos los servidores públicos conocen los beneficios de la evaluación. En primer lugar, porque no saben realmente en qué consiste esta práctica y, en segundo lugar, porque, aunque sí conozcan qué es la evaluación de políticas públicas, reducen su utilidad a una sola: valorar el desempeño de las intervenciones de las autoridades.
En realidad, la evaluación de políticas públicas también responde a otros propósitos. Considero que, si estos propósitos fueran de conocimiento general, habría más servidores y funcionarios públicos dispuestos a contratar más evaluaciones y a cooperar más con los evaluadores.
A continuación, te platico en qué consiste la evaluación de políticas públicas y para qué sirve.
Propongo la siguiente definición, a partir de mi experiencia como consultor:
La evaluación de políticas públicas es el proceso sistemático para examinar el diseño, la implementación o los impactos de una intervención pública a través de metodologías robustas. El objetivo es aportar recomendaciones inteligentes que permitan introducir mejoras en dichas intervenciones y coadyuvar a la toma de decisiones de autoridades electas y servidores públicos decisores.
A simple vista, queda claro que el propósito central de la evaluación de políticas públicas es valorar el desempeño de las intervenciones de las autoridades en relación con los objetivos, metas y beneficios planteados por un programa. De este modo, es posible detectar áreas de oportunidad y ofrecer recomendaciones que permitan introducir mejoras pertinentes.
No obstante, existen aún más razones que sustentan la importancia de la evaluación dentro de la Administración Pública. A continuación, te las explico.
El interés por conocer el costo de los programas públicos y los resultados que obtienen se ha incrementado en los últimos años, lo que ha presionado a los tres órdenes de gobierno para mejorar la eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público.
A esta práctica la conocemos como Gestión para Resultados (GpR), y se trata de un enfoque sobre el gasto público que se utiliza en México y otros países de América Latina. La idea es observar los resultados de la acción gubernamental y no los medios para alcanzarlos.
En nuestro país, la GpR se instrumenta a través del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). Bajo este enfoque, los recursos públicos se destinan a aquellos programas que sí entreguen resultados y beneficios sociales.
En México, en los tres órdenes de gobierno, muchas Administraciones transgreden el marco normativo que establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones a sus programas, así como vincular los resultados en la formulación del presupuesto público.
Lo anterior tiene graves consecuencias, ya que se genera un contexto de discrecionalidad, en donde, a capricho y por falta de evaluaciones, se pueden eliminar programas que sí funcionan o, en caso contrario, dotar de recursos año con año a programas que no funcionan.
Los informes de evaluación son instrumentos que ayudan a la ciudadanía a conocer, de una forma objetiva, el uso y destino de los recursos públicos.
La naturaleza formal y técnica de las evaluaciones ayuda a reforzar la confianza institucional, ya que la información contenida en los informes de evaluación garantiza la imparcialidad de los resultados reportados.
En México, el carácter público de las evaluaciones se encuentra estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta exige que los entes públicos divulguen los resultados en sus páginas web, a más tardar treinta días después de su conclusión.
En realidad, la mayoría de los Gobiernos difunden escasamente este proceso, ya sea por desconocimiento o negligencia, en detrimento de la transparencia.
Actualmente, generar mecanismos para incrementar la publicidad de las evaluaciones se establece como una buena práctica de cara a la ciudadanía, la sociedad civil organizada y Organismos Multilaterales. Estos mecanismos reconocen los esfuerzos y proactividad de Gobiernos nacionales y subnacionales en la difusión y transparencia de los resultados de las evaluaciones.
En mi experiencia, entre mayor es el nivel de un servidor público, menor es el tiempo que dispone para analizar detalles y minucias. Un decisor necesita información confiable, actual y relevante que le ayude a determinar si se debe iniciar, mantener o suspender un programa, o, incluso, modificar su estructura de financiamiento o reorientar su diseño.
La evaluación permite que los decisores tengan opiniones fundamentadas en datos, evidencias y resultados específicos. Además, el proceso aporta información que resulta crucial para la gestión de riesgos, en especial cuando es necesario demostrar si una intervención está funcionando o no. Se trata de racionalizar la toma de decisiones, asistiendo tanto a los responsables del diseño de políticas públicas como a las personas que tienen la última palabra para su aprobación.
Asimismo, el equipo evaluador emite recomendaciones de política pública para guiar al decisor en la elección de las mejores alternativas de solución (y las más viables), con el objetivo de mejorar el desempeño de los programas.
Una de las dudas que más aquejan a los gobernantes es no saber si su Administración va por buen camino o no. La incertidumbre lleva, a menudo, a que se comentan errores o imprudencias, y la falta de información confiable le ha costado el puesto (o la elección) a más de un funcionario público.
El contexto político ejerce presión para que los programas entreguen resultados tangibles en un tiempo esperado. De este modo, las evaluaciones pueden brindar un determinado grado de certeza sobre las acciones de gobierno, ofreciendo un termómetro para medir con objetividad cuándo se están haciendo bien o mal las cosas —y, aún más importante, actuar en consecuencia—.
Los Gobiernos deben prestar atención a las evaluaciones porque la evidencia científica obtenida le brinda legitimidad a la acción política, aun cuando la medida pueda ser impopular ante la opinión pública. Una evaluación externa imparcial que arroja buenos resultados es de gran ayuda para respaldar el papel gubernamental ante la ciudadanía, la oposición o los grupos de presión, sobre todo, para los programas prioritarios o emblemáticos de una Administración.
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